Apenas una semana después de que bajara el agua, luego de la gran inundación de Marzo, un grupo de personas empezó a visitar el barrio. Pasaban casa por casa preguntándole a la gente “cuánto querían para irse”. Cuando un grupo de vecinos de la Asamblea se acerco a estos sujetos para saber que estaban haciendo, estos respondieron que estaban haciendo un “censo” para ver qué pretendía la gente y sacar un cálculo estimativo de cuánto les costaría “limpiar todo para noviembre”. El discurso era similar en la mayoría de los casos: “¿Vos te querés seguir inundando? O agarras lo que te damos, o a fin de año viene la Municipalidad con la topadora”. De esta manera extorsionaban a los vecinos que aun no habían podido sobreponerse del shock de la inundación. Esa amenaza abstracta del country, de la que los vecinos tanto nos hablaron, se hacía realidad y justo en el momento de mayor debilidad de los habitantes del barrio cuando el agua les había llevado el fruto de años de trabajo.


Luego de un tiempo, estos hombres se dividieron el territorio y cada uno (aproximadamente 3) quedó con una zona a su cargo, la cual empezaría a recorrer sistemáticamente, a pie o en camioneta. De esta manera, estudian cada caso en particular y así realizan distinto tipo de ofertas.
Como antecedente, hace algunos años, el privado intentó alambrar la zona, con los vecinos adentro (sin obligarlos a irse) y en un proceso de autoorganización las familias del barrio resistieron y la empresa solo pudo alambrar el sector menos poblado.
La relación de propiedad de los terrenos es de diversas formas, es por ello que las ofertas varían en cantidad y calidad, formas y modos. Hay familias que ya fueron desalojadas sin nada a cambio, ya que el dueño (con el que tenían algún “trato”) decidió vender y entonces nada les correspondía. Otros, ante la desesperación de no saber qué podía llegar a pasar, optaron por tomar el dinero que se les ofreció, desarmar sus ranchos y con las misma chapas volver a armarlo del otro lado del canal, agravando aun más el problema en esa zona. Las ultimas ofertas monetarias que se hicieron, según los propios vecinos fue “5 pesos el metro (sin papeles) y 9 pesos con titulo de propiedad”. Fecha máxima de desalojo: noviembre.



Las transacciones se hacen en el acto y en efectivo. Se procede a una entrega, tienen algunas horas para sacar lo que haya dentro y las máquinas se encargan de no dejar nada en pie. Luego de varios días se recogen los escombros y se cerca el terreno. Para sumar algo más de cinismo al tema, la empresa contrató a uno de los vecinos para alambrar, lo cual genera grandes conflictos entre ellos. Por el trabajo sucio, el privado paga 50 pesos la jornada. Hasta el momento ya alambraron más de diez viviendas y gran parte de la vera del canal. Hay casos en que no derrumban la vivienda sino que alambran y dejan a un sereno para que asegure que nadie se asiente.

A pedido de los vecinos del barrio que decidieron preservar su identidad, por cuestiones de seguridad ante posibles represalias, los videos fueron modificados a tales fines.

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